No tardó Emily Caesar en darse cuenta de que Trevor, su esposo, tenía que tenerlo todo a su manera – cómo se vestía ella, con quién hablaba, cuánto comía, adónde iba. Siempre le recordaba que él era el cabeza de familia, dijo Emily al tribunal.

Por Viji Sundaram

Emily pudo probar con documentos escritos y audio cómo él había abusado presuntamente de ella una y otra vez. “Sentía que no se me permitía tener mis propios pensamientos”, recuerda ella.

Su abogada, Minty Siu-Kootnikoff, presentó la solicitud de una orden de restricción temporal en febrero 2021 y de la custodia del hijo de seis años de la pareja.

Siu-Kootnikoff fue una de las primeras abogadas que invocó una nueva herramienta legal que California había decretado apenas un mes antes, que permitía a las víctimas alegar un patrón de “control coercitivo” – abuso psicológico que no necesariamente termina en daño físico.

Siu-Kootnikoff, directora de servicios legales de Sojourn, un refugio de violencia doméstica en Santa Mónica, vio la recién-decretada ley como la mejor herramienta para conseguirle un remedio legal a su cliente.

“La violencia doméstica tiene que ver con el control, y no se limita al abuso físico”, dijo, y observó que la nueva ley es “crucial para abordar el abuso que los códigos criminales no contemplan, pero que es tan dañino y destructivo como un ojo morado o un brazo roto”.

Mientras que no todos los jueces son comprensivos, la conclusión del juez que oyó el caso de Emily muestra que por lo menos algunos juristas parecen haber entendido el mensaje.

“Las opiniones de la violencia doméstica de los tribunales están evolucionando a lo largo de los años”, apuntó el juez Michael J Convey de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en su fallo del 5 de febrero, 2021, para “reflejar comportamientos más sutiles, más insidiosos, por así decirlo, que se pueden llamar violencia o abuso”.

Convey estuvo de acuerdo con Siu-Kootnikoff en que lo que Emily sufrió durante años fue en efecto control coercitivo, y afirmó que lo que los defensores dicen es el propósito de la reforma, que es otorgarles a las víctimas como Emily el beneficio de la duda.

La ley de California de 2020, que presentó Susan Rubio, senadora estatal, sobreviviente ella misma del abuso doméstico, amplía la definición de la violencia doméstica y permite a las víctimas presentar pruebas de control coercitivo en las solicitudes en la corte familiar de órdenes de restricción o custodia de los hijos. La ley de control coercitivo se aplica a casos civiles, pero no a los criminales.

California pasó a ser el segundo estado del país en adoptar tal reforma, después de Hawái en septiembre 2020.

En julio 2021, Connecticut aprobó una ley parecida a la de California, con dos disposiciones adicionales: Fijó barreras que impiden a los abusadores arrastrar a sus parejas a la corte por razones frívolas, mientras que también estableció un programa de subvenciones para los o las sobrevivientes de bajos ingresos que necesiten ayuda legal cuando solicitan una orden de restricción.

El control coercitivo ocurre cuando un abusador aísla a una pareja íntima de amigos, amigas y familiares, toma control de sus finanzas personales y vigila su actividad, o usa ataques verbales para reforzar su autoridad.

Se trata de “la dominación y el control”, observó David A. McLeod, profesor adjunto en el departamento de Trabajo Social de la Universidad de Oklahoma, que ha investigado y publicado artículos sobre la violencia de pareja íntima. “Si el/la abusador/a siente que pierde el control, presionará a su pareja para que vuelva a ser dócil”.

La vista desde el estrado

Los defensores de los derechos de la mujer dicen que recoger el concepto de control coercitivo facilita opciones adicionales a las cortes familiares para penalizar los comportamientos que tienen consecuencias económicas y mentales para las víctimas y que pueden volverse violentos si no se abordan temprano.

Pero reconocen que es difícil convencer a los funcionarios de la corte que deben tomarse en serio a las víctimas que alegan control coercitivo. De hecho, la educación de los jueces sobre cómo aplicar la ley será la clave de su éxito.

Chitra Raghavan, defensora de los derechos de la mujer y psicóloga forense en la facultad John Jay de Justicia Criminal en Nueva York, dice que puede llevar por lo menos 10 años saber cómo funcionan las leyes.

Una larga batalla judicial

Emily se casó con Trevor en el 2011, dos años después de empezar a salir juntos. Ella tenía 30 años y él tenía 28.

Llevaban su negocio de diseño web en su casa en Castaic, en el Condado de Los Ángeles. Pero desde el principio también se dió cuenta de lo “controlador y narcisista” que podía ser Trevor, dijo. En 2015, se divorciaron, y tenían la custodia compartida de su hijo, que era un bebé.

Tres años más tarde, se volvieron a juntar, acordando que sería mejor si Trevor se involucrara más en la vida del hijo, según ambos.

“Para mí lo es todo”, dijo Trevor acerca de su hijo en una conversación telefónica recientemente.

Pero una vez juntos de nuevo, Emily dijo que el abuso simplemente se intensificó.

En noviembre 2020, cuando Emily intentaba vestir a su hijo para la escuela y le pidió ayuda a Trevor porque el niño no cooperaba, Trevor la agarró por los brazos y la empujó “múltiples veces” delante de su hijo, según su testimonio. Incluyó fotos de los moretones en su brazo como pruebas documentales.

El abogado de Trevor, Matthew J. Chung, defendió el comportamiento de su cliente de ese día.

“Emily era la que provocaba a Trevor”, Chung le dijo a la corte. “Emily era la que le estaba gritando” al niño.

Trevor alegó que él también era una víctima. “Es difícil resumir estos eventos tan personales”, dijo por teléfono. “Pero te puedo decir que ella ejerció mucha violencia contra mí”.

En el juicio, Chung dijo que Emily fumaba marihuana en presencia de su hijo para lidiar con un trastorno de ansiedad que le habían diagnosticado, lo que disminuía sus habilidades de crianza.

Pero Convey desestimó ese alegato: “No ha habido pruebas suficientes de que este uso de medicamentos recetados o marihuana haya alterado o repercutido en su capacidad para cuidar,” dijo.

Desestimó de manera igualmente enfática las acusaciones de Emily de que Trevor usaba opioides sin receta médica y alcohol en exceso.

Pero en su fallo, Convey otorgó a Emily una orden de restricción temporal contra su ex durante tres años junto con la custodia exclusiva de su hijo.

“He cometido errores”, dijo Trevor en una entrevista. Pero dijo que la decisión del juez le resultó angustiosa: “Tengo que confiarle nuestro hijo a alguien que no es estable”.

Se les ordenó a Trevor y a Emily asistir a clases de crianza por separado, mientras que Emily dijo que sigue asistiendo a la terapia en grupo ordenada por la corte.

Cuando se le preguntó que por qué volvió con Trevor después de todo lo que había experimentado, Emily dijo que esa es una pregunta que a menudo se ha hecho a sí misma.

“Todo lo que sufrí”, dijo, “está ahora en el pasado”.

 Este artículo es parte de una serie sobre la ley de control coercitivo de California producida por la San Francisco Public Press, una organización de noticias de investigación sin ánimo de lucro. Ha sido extraído, editado y traducido por Ethnic Media Services. Lea el artículo completo y otros de la serie en sfpublicpress.org/series/coercive-control. Este reportaje fue financiado por una subvención del Fondo de información sobre el Impacto de la violencia doméstica del Centro Annenberg para el Periodismo sanitario de la Universidad del Sur de California.

NOTA A LOS REDACTORES:

Para publicación en la Web: El vínculo canónico debe señalar el artículo original publicado en sfpublicpress.org. Estos metadatos HTML que les dicen a los motores de búsqueda dónde apareció por primera vez el artículo. Si esto le es desconocido, favor de consultar a su productor Web.

 

Vínculo al artículo original:

https://www.sfpublicpress.org/how-californias-coercive-control-law-could-help-women-manipulated-by-partners/

ACERCA DE VIJI SUNDARAM

Viji Sundaram trabajaba antes como redactora de la salud de New America Media de San Francisco y como periodista para publicaciones que incluyen India-West, un semanario para la comunidad del sur de Asia en los E.U.A., el Cape Cod Times, el Providence Journal y el New Bedford Standard Times. Ha sido galardonada con varias becas y ha ganado 11 premios de periodismo, incluyendo uno por su artículo de revelación sobre el uso de carne de res en McDonald’s en sus llamadas papas fritas vegetarianas.

‘I Was Not Allowed to Have My Own Thoughts’: California Courts Start Penalizing Psychological Domestic Abuse

By Viji Sundaram

It didn’t take long for Emily Caesar to realize that her husband Trevor had to have his way on everything — how she dressed, who she spoke with, how much she ate, where she went. He never let her forget that he was head of the household, Emily told the court.

Emily provided written documents and audio to show how he had allegedly abused her time and again. “I felt I was not allowed to have my own thoughts,” she recalled.

Her attorney, Minty Siu-Kootnikoff, filed for a temporary restraining order in February 2021 and custody of the couple’s then 6-year-old son.

Siu-Kootnikoff was one of the first lawyers to invoke a new legal tool California had enacted just a month earlier that allows victims to claim a pattern of “coercive control” — psychological abuse that does not necessarily end in physical harm.

Siu-Kootnikoff, legal services director at Sojourn, a domestic violence shelter in Santa Monica, viewed the recently enacted law as the best tool for getting her client a legal remedy.

“Domestic violence is about control, and is not limited to physical abuse,” she said, noting the new law is “critical to addressing abuse that is not dealt with in the criminal codes, yet is as damaging and destructive as a black eye or broken arm.”

While not all judges are sympathetic, the conclusion of the judge who heard Emily’s case shows that at least a few jurists seem to have gotten the message.

“The court’s views of domestic violence are evolving over the years,” Judge Michael J. Convey of the Los Angeles County Superior Court noted in his Feb. 5, 2021, ruling on the case, to “reflect more subtle, more insidious, if you will, behaviors that can be called violence or abuse.”

Convey agreed with Siu-Kootnikoff that what Emily had undergone for years was indeed coercive control, affirming what proponents say is the purpose of the reform, which is to give victims like Emily the benefit of the doubt.

The 2020 California law, introduced by state Sen. Susan Rubio, herself a survivor of domestic abuse, widens the definition of domestic violence and allows victims to introduce evidence of coercive control in applications in family court for a restraining order or child custody. The coercive control law applies to civil, but not criminal, cases.

California became the second state in the nation to adopt such a reform, following Hawaii in September 2020.

In July 2021, Connecticut passed a law similar to California’s, with two additional provisions: It set up barriers that prevent abusers from dragging their partners to court for frivolous reasons, while also establishing a grant program for low-income survivors needing legal assistance when applying for a restraining order.

Coercive control occurs when an abuser isolates an intimate partner from friends and family, takes over their personal finances and surveils their activity, or uses verbal attacks to reinforce authority.

It is “about domination and control,” noted David A. McLeod, an associate professor in the Social Work Department at the University of Oklahoma, who has researched and published papers on intimate partner violence. “If the abuser feels he is losing control, he will push his partner back into compliance.”

The view from the bench

Women’s rights advocates say enshrining the concept of coercive control gives family courts additional options to punish behaviors that have severe mental and financial consequences for victims and might become violent if not addressed early.

But they acknowledge it is hard to convince court officials that victims who claim coercive control should be taken seriously. Indeed, the education of judges in how to apply the law will be key to its success.

Chitra Raghavan, a women’s rights advocate and forensic psychologist at the John Jay College of Criminal Justice in New York, says it may take at least 10 years to know how well the laws are working.

Drawn-out court battle

Emily tied the knot with Trevor in 2011, two years after they began dating. She was 30 and he was 28.

They ran their web designing business out of their home in Castaic, in Los Angeles County. But early on she also noticed how “controlling and narcissistic” Trevor could be, she said. In 2015, they divorced, sharing joint custody of their son, then a toddler.

Three years later, they got back together, agreeing it would be better if Trevor were more involved in the child’s life, according to both parents.

“He’s absolutely my world,” said Trevor about his son in a recent telephone conversation.

But once they were back together, Emily said the abuse only intensified.

In November 2020, when Emily was trying to get her son ready for school and sought Trevor’s help because the boy would not cooperate, Trevor held her by her arms and pushed her “multiple times” in front of their son, according to testimony. She included pictures of bruises on her arm as exhibits.

Trevor’s attorney, Matthew J. Chung, defended his client’s behavior on that day.

“Emily was the one that was getting up in Trevor’s face,” Chung told the court. “Emily was the one who was yelling” at the boy.

Trevor alleged that he was a victim too. “It’s difficult to summarize these very personal events,” he said over the phone. “But I can tell you there was a lot of violence perpetrated by her against me.”

At the trial, Chung said that Emily smoked marijuana in the presence of their son to deal with her diagnosed anxiety disorder, diminishing her parenting skills.

But Convey dismissed that allegation: “There has been insufficient evidence that this use of either prescription drugs or marijuana has altered or impacted her ability to care,” he said.

He just as emphatically dismissed Emily’s accusations that Trevor was using non-prescription opioids and alcohol to excess.

But in his ruling, Convey granted Emily a temporary restraining order against her ex for three years along with sole custody of their son.

“I made mistakes,” Trevor said in an interview. But he said he found the judge’s decision distressing: “I’m having to entrust our child to someone who’s not stable.”

Both Trevor and Emily were ordered to attend parenting classes separately, while Emily said she continues to attend court-mandated group therapy.

Asked why she went back to Trevor after all she experienced, Emily said that’s a question she has often asked herself.

“All that I went through,” she said, “is behind me now.”

 This article is part of a series on California’s coercive control law produced by the San Francisco Public Press, a nonprofit investigative news organization. It was excerpted, edited, and translated by Ethnic Media Services. Read the full story and others in the series at sfpublicpress.org/series/coercive-control. This reporting was underwritten by a Domestic Violence Impact Reporting Fund grant from the Annenberg Center for Health Journalism at the University of Southern California. ###

NOTE TO EDITORS:

For web publication: Canonical link must point to the original story posted on sfpublicpress.org. This HTML metadata that tells search engines where the story first appeared. If you are unfamiliar with this, please consult your web producer.

 

Original story link:

https://www.sfpublicpress.org/how-californias-coercive-control-law-could-help-women-manipulated-by-partners/

ABOUT VIJI SUNDARAM

Viji Sundaram formerly worked as health editor of New America Media in San Francisco and as a reporter for publications including India-West, a weekly for the South Asian community in the U.S., the Cape Cod Times, Providence Journal and New Bedford Standard Times. She has been awarded several fellowships and won 11 journalism awards, including one for her expose on McDonald’s use of beef in its so-called vegetarian fries.